Aprobada la Ley del teletrabajo

  |   Blog

EL Consejo de Ministros del pasado día 22 de septiembre aprobó el Real Decreto-ley que regulará el trabajo a distancia.

Auge del teletrabajo

Si bien el teletrabajo era minoritario en España antes de la pandemia de coronavirus, la emergencia sanitaria supuso un auge sin precedentes de su implementación en multitud de empresas.

De hecho, el mismo Real Decreto reconoce que el teletrabajo se ha instalado como una respuesta a las medidas de contención de la pandemia de Covid-19. Este aumento del teletrabajo se dio, además, en un contexto en el que no se disponía todavía de una normativa específica dado que, hasta ahora, la única referencia al trabajo a distancia en la normativa estatal era el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué se entiende por trabajo a distancia?

El Real Decreto-ley parte de 3 definiciones básicas:

  • Trabajo a distancia: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.
  • Teletrabajo: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
  • Trabajo presencial: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

En concreto la ley aplicará cuando el trabajo se preste en esta modalidad, en un periodo de referencia de tres meses, durante un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

Voluntariedad y acuerdo de trabajo a distancia

El trabajo a distancia deberá tener, según indica la normativa, un carácter voluntario tanto para la persona trabajadora como para la empleadora. En ese sentido, ambas partes deberán firmar un acuerdo de trabajo a distancia que necesariamente deberá estar por escrito.

Se podrá formalizar o bien incorporado al contrato de trabajo inicial o bien en cualquier momento posterior, aunque siempre antes de iniciar efectivamente el trabajo a distancia.

Dicho acuerdo deberá contener una serie de contenidos obligatorios, como por ejemplo el inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, los gastos que pudiera tener la persona trabajadora, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa

También se deberá indicar el horario de trabajo de la persona trabajadora y, si procede, las reglas de disponibilidad. En relación con ello, se dará igualmente indicación del porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.

Otro elemento obligatorio del acuerdo es el centro de trabajo al que se adscribe la persona trabajadora y el lugar de trabajo a distancia que ha elegido.

Derechos del trabajador a distancia

La nueva normativa también reconoce una serie de derechos que, como indica la exposición de motivos del Real Decreto, van encaminados a asegurar la igualdad de oportunidades de los trabajadores a distancia y presenciales.

Entre los derechos que se asocian al trabajo a distancia se encuentran:

  • El derecho a la carrera profesional, concretamente a la promoción profesional y acceso a la formación.
  • Los derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos. Según la normativa, el trabajo a distancia deberá ser compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.
  • Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo: sin perjuicio de los tiempos de disponibilidad obligatoria y de la normativa sobre descanso, la persona que trabaja a distancia tendrá derecho a un horario flexible.
  • Derecho a la prevención de riesgos laborales.
  • Derechos relacionados con el uso de medios digitales, entre ellos a la protección de datos personales y a la desconexión digital.

El Real Decreto prevé un plazo de 20 días tras su entrada en vigor para que las empresas se adapten a la nueva regulación. En cualquier caso, en su disposición transitoria tercera, aclara que el trabajo a distancia implantado, de forma excepcional, como medida de contención sanitaria a causa de la COVID19, «le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria«. Eso sí, las empresas deberán dotar a los trabajadores de los medios, equipos, herramientas y consumibles necesarios para el desarrollo de su trabajo.

Esta entrada también está disponible en: Catalán